Serrano recurrirá la resolución del CGPJ sobre su reingreso en la carrera judicial

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El abogado sevillano Francisco Serrano, rehabilitado en la carrera judicial por el Tribunal Constitucional ha vivido este jueves un nuevo y sorprendente episodio tras conocerse a través de los medios de comunicación una resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la que se deniega la petición del que fuera titular del juzgado de Familia número 7 de Sevilla de reintegrarse en la carrera judicial.

Francisco Serrano, a través de su abogado Fernando Rodriguez Galisteo, ha anunciado su intención de recurrir la resolución del órgano de control de los jueces, que aún no le ha sido comunicada, ante el plenario del CGPJ, al entender que la misma no supone en ningún caso la pérdida de la condición de juez.

Esta sorprendente resolución se produce tras la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que había elevado de dos a diez años la inhabilitación especial impuesta por cambiar el régimen de visitas de un menor para que pudiera salir en una procesión de la Semana Santa de Sevilla.

Según la información publicada por los medios de comunicación, el criterio que ha imperado en la decisión se basa en el artículo 42 del Código Penal, que establece que la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público produce la privación definitiva del puesto, cuestión que no discute Francisco Serrano quien, no obstante, sostiene que la privación del puesto no supone la pérdida de la condición de juez o magistrado.

Esa decisión comporta “una flagrante conculcación del principio de inamovilidad de los jueces o magistrados”, principio que su vez es consecuencia del de independencia judicial. Resulta lamentable, a juicio de Francisco Serrano, que el órgano responsable y garante de esa independencia “conculque y trasgreda deliberadamente la legalidad y, además, de forma arbitraria”, asevera en un comunicado.

Francisco Serrano entiende que este nueva vuelta de tuerca a su caso por parte del CGPJ que hace caso omiso nada menos que a una sentencia del Tribunal Constitucional, “no puede ser más que resultado de la persecución sufrida durante estos años por las críticas a las políticas de género”.  Sorprende también que todas las resoluciones negativas se hayan filtrado previamente a la prensa, mientras que la decisión favorable dictada por el tribunal Constitucional fue comunicada previamente al interesado y por éste a los medios de comunicación.

El aspecto más sorpendente de la reolución del CGPJ es que “se ha confundido de forma consciente y deliberada el concepto de condición de juez o magistrado con el concepto de cargo, puesto o destino que cada uno de ellos desempeña. Por tanto, en el presente caso, hubiera resultado admisible entender que se ha perdido el cargo o destino en el juzgado en el que desempeñaba su función de magistrado, pero, en ningún caso, se puede interpretar que esa condena implique la pérdida definitiva de la condición de magistrado”. Dicha interpretación extensiva supondría que una pena de inhabilitación de seis meses se equipararía a una pena de inhabilitación de veinte años. “Daría lo mismo, porque a la postre, el resultado sería el mismo, es decir, una pena a perpetuidad”, sostiene.

“El afirmar que transcurrido dos años, y cumplida la pena de inhabilitación se tiene derecho a poder opositar a la carrera judicial, no supone sino una broma de mal gusto”, sostiene el abogado sevillano quien recuerda que otros jueces como Baltasar Garzón o Ferrín Calamita se verían afectados por la misma resolución. ” Si la pena se entiende que es perpetua, dicha interpretación supondria un insulto a la inteligencia y al propio principio de Justicia”, añade.

“Lo más lamentable es que el propio CGPJ con esa decisión, conculca de forma manifiesta una resolución del Tribunal Constitucional. Daría lo mismo ser condenado por un delito doloso que culposo, lo cual resulta no sólo arbitrario sino manifiestamente absurdo y esperpéntico”, sostiene Serrano. En todo caso, el Tribunal de Estrasburgo tendrá la última palabra pues aún está pendiente el recurso contra la sentencia que condenó a Francisco Serrano a dos años de inhabilitación por delito culposo.

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