Justicia para todos: Los jueces y la reforma laboral.

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Las recientes declaraciones en el diario La Rioja.com de Antonio Garamendi, Presidente de Cepyme y vicepresidente de CEOE, pidiendo una nueva reforma laboral para que los jueces no interpreten, plantean cuestiones que están en la base del Estado Democrático de Derecho.
En un Estado de esta naturaleza las leyes las hace el legislador, el cual persigue un determinado fin u objetivo al dictarlas que se supone conforme con la voluntad de los ciudadanos que han elegido al órgano legislativo. Una vez dictada la Ley, su aplicación corresponde a los jueces. El error está, quizás, en entender que los jueces han de aplicar la Ley conforme a la voluntad del legislador.
Los jueces sin embargo no tienen constitucionalmente obligación de atenerse a la voluntad del legislador, sino a la voluntad de la Ley, que es algo sustancialmente distinto. Es decir no pueden tener en cuenta la voluntad de un concreto legislador o de sus electores, sino la voluntad que resulta de la propia Ley, porque las leyes se hacen para todos y con intención de que perduren en el tiempo. Para determinar la voluntad de la Ley se tiene que tener en cuenta desde luego la voluntad del legislador y la finalidad perseguida, según se haya objetivado en los textos preparatorios o de elaboración de la misma o en la exposición de motivos, sin que quepa deducirla de opiniones emitidas en los medios de comunicación por políticos de mayor o menor rango, como al parecer pretenden algunos; pero también y sobre todo, han de tener en cuenta lo que resulta de su tenor literal, de la aplicación de la lógica, de su coherencia con el resto del ordenamiento jurídico y de la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas.
En materia social, particularmente, hay un principio importante de nuestro ordenamiento jurídico al que han de atenerse los jueces, cual es el de que la interpretación y aplicación de la Ley, en caso de duda, ha de hacerse a favor del trabajador. Principio este que es el que ha determinado, ante las ambigüedades y las dudas que plantea la redacción de las leyes que integran la reforma laboral, el que, al parecer, no se esté aplicando por los jueces en la forma pretendida por quien la ha redactado y aprobado por tener en estos momentos el Gobierno y la mayoría en el Congreso de los Diputados o, al menos, en el sentido deseado por la clase empresarial.
El tenor literal de las declaraciones del Sr. Garamendi pudiera dar lugar al equívoco de que pretende que los jueces no interpreten las leyes, lo que sería inconstitucional por contrario al Estado Democrático de Derecho y además imposible. No hay Ley que pueda prever todas las situaciones que pueden darse en la vida real, y son los Jueces los únicos que constitucionalmente pueden imparcialmente interpretarlas y aplicarlas a cada caso concreto.
En realidad, esa afirmación interpretada, valga la redundancia, en el contexto de la entrevista, lo que pide es una reforma laboral que, de forma menos ambigua, flexibilice “las relaciones laborales en todos los sentidos, desde la entrada hasta la salida”, que deje clara en definitiva no sólo la voluntad del legislador en ese sentido, sino la voluntad de la Ley y que, consecuentemente, deje menos margen a la interpretación judicial de la misma, en el sentido de que no quepa interpretarla más que de una manera. Esto desde luego es una aspiración legítima de un ciudadano con respecto a su legislador. Lo que en definitiva dice el Sr. Garamendi es que las leyes que integran la reforma laboral son malas y defectuosas, lo que está determinando que no estén produciendo los efectos presuntamente queridos por el legislador; o, dicho de otro modo, que la voluntad del legislador no se ha convertido en la voluntad de la Ley por deficiencias imputables a la misma.
Los ciudadanos tienen derecho a exigir que las leyes sean claras y precisas en su redacción, lógicas y coherentes con el resto del ordenamiento jurídico y ajustadas a la realidad social, de modo que cumplan exactamente la finalidad para que fueron diseñadas, sin dar lugar a interpretaciones equívocas en su aplicación por los jueces. La polémica de si esa finalidad es adecuada o no, o de si existen alternativas mejores, no debe discutirse en sede judicial, sino en el Parlamento y en el debate político propiamente dicho.
Pero si la redacción de las leyes es oscura o ambigua, ilógica o no guarda coherencia con las restantes normas vigentes, bien se deba ello a incompetencia del legislador o a una intención deliberada de disfrazar la finalidad perseguida por razones políticas, es también una exigencia del Estado democrático de Derecho que los jueces las interpreten en el sentido más adecuado a los principios generales del ordenamiento jurídico y a las demás normas que lo integran.
Los problemas que está planteando la reforma laboral no son achacables a malos jueces, sino a malos legisladores.

Conrado Gallardo Correa es Magistrado Presidente de Foro Judicial Independiente.

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