Francisco Serrano solicita al TC que ejecute su reingreso en la carrera judicial

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La defensa de Francisco Serrano, representada por el letrado Fernando Rodríguez Galisteo, ha presentado ante el Ministerio de Justicia la solicitud de Indulto Total para el juez Serrano, en relación a la condena que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a la pena de dos años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación culposa por permitir a un menor salir en una procesión de la Semana Santa de Sevilla ampliando en unas horas la custodia paterna.

La defensa del juez Serrano ha solicitado también al Tribunal Constitucional, mediante escrito de incidente de ejecución, que se adopten las medidas de ejecución necesarias para que se cumpla su sentencia en el sentido de ser reestablecidos sus derechos como Juez y sea declarada la nulidad de la resolución de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, pues esta resolución deja sin sentido la resolución del propio Tribunal Constitucional.  

De este modo, reclama al Gobierno el indulto total respecto de la pena impuesta por el TSJA, que posteriormente fue elevada a diez años de inhabilitación por el Tribunal Supremo en una sentencia anulada por el Constitucional, o, en su defecto, la conmutación por el pago de una multa, todo ello “basado en la excepcionalidad del caso, motivado por el hecho de ser la primera vez” que el Constitucional “restituye a un magistrado a su cargo, anulando una condena por prevaricación judicial”.

En este sentido, pide el indulto total al entender que ha actuado en todo momento “de forma legítima al amparo del carácter urgente que dispone el artículo 158 del Código Civil” y dados “los inabarcables perjuicios morales, personales, profesionales, familiares y económicos producidos” a su persona y a su familia, “tanto por la sentencia condenatoria, como por determinar” la Comisión Permanente del CGPJ “el carácter permanente de la inhabilitación para cargo de magistrado-juez”.

Francisco Serrano argumenta en el escrito que, desde que tomó posesión de su cargo como juez, “nunca” ha sido sancionado penal ni administrativamente por motivo alguno en el desempeño de sus funciones, por lo que, “hasta ahora, no contaba con ningún antecedente penal, salvo la condena de la que se solicita gracia de indulto”.

Serrano considera que la decisión del CGPJ de rechazar su solicitud de reingreso en la carrera judicial “es totalmente contraria a derecho, puesto que aunque la condena haya sido por tiempo de dos años, la realidad es que convierte en indiferente el límite temporal de la pena impuesta, transformándola en una condena a ‘cadena perpetua encubierta’, puesto que, siguiendo la tesis de la Comisión Permanente del CGPJ, resulta irrelevante haber sido condenado a un mes, o a 50 años”.

Y es que, según asevera, “toman la condena como definitiva, sin límite temporal, contraviniendo de forma clara derechos fundamentales como la libertad, la igualdad, el honor y la tutela judicial efectiva, diversos principios generales del Derecho y varios derechos como el derecho a la reinserción social”.

En este sentido, recuerda que el Tribunal Supremo, en consonancia con el pleno del CGPJ, “manifiesta que la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público que signifique el desempeño de funciones judiciales, no supone la completa extinción de la relación del sujeto con el cargo, pues en ambos supuestos el tiempo está claramente definido por la duración de la condena, así como que la condena penal puede determinar, además, otros efectos como la definitiva extinción de la relación funcionarial, pero no lo ha hecho en este caso”.

A su juicio, la interpretación que hace la Comisión Permanente del artículo 42 del Código Penal para apartarle de la carrera judicial “es contraria a la doctrina establecida por el Pleno del CGPJ, que se recoge en la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de octubre de 2006 contra una juez que era titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Coín (Málaga)”. Según expone en el escrito, en este caso, la juez fue condenada como autora de un delito contra la libertad individual a cuatro años de inhabilitación especial y la Comisión Permanente abrió el correspondiente expediente de separación que, sin embargo, fue archivado por el Pleno del CGPJ, que consideró que no procedía acordarla.

 

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