Sevilla necesita acabar con la mafia del taxi

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El Ayuntamiento de Sevilla se ha visto en la obligación de organizar dispositivos fijos de la Policía Local en el aeropuerto de Sevilla y en la estación de Santa Justa. En breve, ambas instalaciones contarán con la presencia permanente de policías cuya misión fundamental no será la de garantizar la seguridad de los usuarios de aviones y trenes, ni siquiera la de regular el tráfico. Vigilarán a los taxistas sevillanos que allí prestan servicio para intentar evitar las actitudes mafiosas que desde hace años mantienen con toda impunidad como si la ley no fuera con ellos. El propio Defensor del Ciudadano, José Barranca, utilizó el término “mafia” para referirse a este colectivo mientras que algunas organizaciones de taxistas sospechan que han convertido al aeropuerto en un “monopolio”.

El rosario de tropelías cometidas por estos grupos de taxistas se suceden a diario y se puede consultar en las hemerotecas o en los buscadores de internet. Cualquiera que aparezca como elemento sospechoso para este grupo, cualquiera que pueda parecer que intenta hacer competencia legítima o no, cualquier político que intente meter en cintura al grupo en cuestión, perfectamente identificado, termina siendo objetivo de estos mal llamados profesionales del taxi que no dudan en utilizar todo tipo de técnicas, muchas delictivas, para imponer su ley. Blas Ballesteros, ex concejal de Tráfico, sufrió en propias carnes su intento de poner orden en el aeropuerto, donde a diario, desde hace hace quince años y hasta hoy, furgonetas y turismos aparecen con las ruedas rajadas. Da igual que se trate de una furgoneta propiedad de un hotel, que de una familia que deja su vehículo estacionado.

Las autoridades municipales y los responsables del Cuerpo Nacional de Policía no pueden ni deben tolerar ni un minuto más estas actitudes. Está muy bien que se destinen agentes de policía a vigilar taxistas, pero lo que se requiere es de una profunda investigación que permita recopilar pruebas y llevar a estos individuos ante los Tribunales de Justicia. Deben poner el acento en la recopilación de pruebas para que no ocurra como hace tres años cuando un grupo de taxistas se libraron de una condena precisamente por falta de pruebas.

La Policía Local no está para vigilar taxistas, ni Sevilla se puede permitir destinar valiosos recursos humanos y técnicos exclusivamente a este menester. Muy probablemente haya llegado el momento de solucionar de una vez por todas un problema que se prolonga demasiado en el tiempo, ataca los intereses de muchos ciudadanos, ofrece una lamentable imagen de la ciudad y que, además, nos costará el dinero a los sevillanos.

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