La Sevilla que va a ver Obama

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Han pasado casi 52 años desde la fecha en que Franco, siendo Ministro de Educación Lora Tamayo, declarara el Conjunto Histórico de la ciudad como zona artística e históricamente protegida. Hablaba el decreto de típicos barrios de calles estrechas y tortuosas y fachadas arquitectónicas de acusado aspecto local, los cuales junto a monumentos religiosos y civiles debían conservarse para la posteridad.

Habían caído varios palacios en la Plaza del Duque y la Magdalena por una nobleza muy “sevillana” que los malvendía para comprar un piso a la madrileña  en la calle República Argentina.

El decreto sirvió de muy poco, la ciudad siguió perdiendo viejos conventos y palacios, sobre todo los que estaban en manos de órdenes religiosas, que lejos de cuidar su misión de conservar y trasladar la cultura a sus alumnos, permitía su destrucción encubriendo la operación especulativa bajo historias de mejora de sus instalaciones. Los casos de jesuitas, escolapios, maristas o carmelitas son vivo ejemplo de esta labor que llevó a la desaparición de palacios como el de Bustos Tavera  o los Ponce de León.

La llegada de la democracia, tan esperada por alguno de nosotros, no mejoró aquella situación, caía el Convento de San Agustín, hoy absolutamente abandonado, o para la Expo se modificaba de tal forma la Cartuja que ni por asomo tiene algo que ver con el original. Y empezaba algo peor, la destrucción del caserío tradicional, con la idea, decían, de modernizar la ciudad y mejorar la vida de sus habitantes.

Intentos como el de Ignacio Medina con el Corral del Conde de conservar la arquitectura tradicional tuvo pocos seguidores. Los corrales prácticamente han desaparecido de la ciudad.

Parecía que la Ley de Patrimonio del 85 podría parar esta destrucción, obligando como obligaba a redactar un Plan Especial de Protección que impidiera la destrucción de la ciudad histórica.

¡10 años más tarde! se hizo la división de Sevilla en sectores, para ¡10 años más tarde empezar a redactar!. ¡Todavía no se ha terminado después de 30 años de la aprobación de la Ley!

Ni el nuevo PGOU, ni las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Tribunal Supremo, logran parar a los destructores, empezando por los redactores de los Planes que ilegalmente permiten en sus zonas remontes, áticos y fachadas que nada tienen que ver con el mantenimiento del ambiente del que hablaba la Declaración. Junto a ellos la Comisión de Patrimonio, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.

Ni sentencias, ni críticas: nada sirve. Cada obra que se hace en el centro histórico puede suponer un aumento de altura, la destrucción de puertas, rejas o cerámicas antiguas, el cambio de alineación de la calle o cualquier otra acción contraria al espíritu y la letra de la Declaración de Conjunto Histórico de Sevilla.

Aquí manda el dinero y así de forma consciente se confunde el término modernidad con mala calidad constructiva y pésimo sentido estético y, además, en vez de aplicarse y realizarse en los ensanches sucesivos que ha tenido la ciudad, se aplica en el centro histórico, donde el termino conservación, debe ser fundamental.

Para ello ha sido prioritaria la labor de arquitectos absolutamente desconocedores de las cartas internacionales de restauración y del manido concepto “la buena restauración es aquella en que no se ve la mano que la realizó”, tan contraria al divismo de alguno y el afán de notoriedad de otros. Por no saber, ni saben el daño que produce el cemento y la pintura plástica en la restauración de un edificio.

En la visita de Obama, obligaría a un recorrido por el barrio de San Luis, el más ominoso producto financiado con dinero europeo. Se le enseñaría cómo se expulsa a los viejos habitantes de un barrio, con engaños, cómo se aplica la globalización en arquitectura, cómo se destruyen calles diseñadas para evitar el calor y como se incumplen las leyes por los que deberían hacerla cumplir: Junta de Andalucía y Ayuntamiento (sea este del color que sea).

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