Incendio forestal en la España de las autonomías

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El Estado de las Autonomías, un puzzle de diecisiete reinos de taifas, es el modelo organizativo territorial menos apropiado para la extinción de incendios, no hablemos ya si entramos en el tema de la educación, piedra angular de todo país, o en el asunto de las lenguas.

Pero vayamos al fuego que también es cosa seria y pongamos un sencillo ejemplo sobre lo que está ocurriendo cuando se declara un incendio, aunque siempre la realidad superará la ficción, en este caso literaria.

A las diez de la noche de un viernes, un incendio con dos focos bien definidos se detecta en una esquina de la Comunidad Autónoma A, que cuenta con retenes de bomberos bien preparados; la Comunidad B, limítrofe, mantiene operativos seis hidroaviones y una tercera Comunidad, la C, próxima a las dos primeras, tiene un río a menos de tres kilómetros del punto cero. La Comunidad A, gobernada por el PP, pide hidroaviones a la B, gobernada por el PSOE. La B dice que no hay problema en mandar los hidroaviones, pero que tiene que autorizarlo el Consejero de Medio Ambiente. Pero en la Comunidad C, el Consejero de Medio ambiente no puede dar su visto bueno a que amaren los hidroaviones, sin antes consultarlo con el Presidente de la Confederación Hidrográfica, responsable de los ríos, pero tal visto bueno está pendiente, por cortesía, de antes informar al Presidente de esa Comunidad, pájaro que está ilocalizable porque ha ido a montar una embajada a Guinea. Transcurridas más de ocho horas, el pájaro, perdón, el Presidente de la Comunidad en cuestión, que está de viaje gratis total y se aloja en un bungalow de lujo con negritas en tanga sirviéndoles daiquiris, contacta con el Presidente de la Confederación Hidrográfica y le comunica que queda enterado, así como le indica que el lugar idóneo para la carga de agua es en la presa que forma el río, situada al sureste, pero que ello no es posible hasta que antes no contacte con el Presidente de la Comunidad D, precisamente en la que vuelcan las aguas de ese río, porque tiene que defender el agua de los que viven en su Comunidad, así que el gasto de agua que retiren los hidroaviones habrá que prorratearlo entre dichas Comunidades cuando se proceda al trasvase.

El Ministro de Medio Ambiente, al tanto del zipizape que montan las Comunidades Autónomas, visita el punto cero y zanja el asunto por derecho, llama a su homólogo de Portugal. Una foto del Ministro, con un hidroavión portugués al fondo, recorre la prensa escrita y digital.  «La colaboración entre España y Portugal en la extinción de incendios, según explica el Ministro, se muestra como la opción más efectiva para luchar contra esta lacra medioambiental en toda la Península».

Ya son las diez de la noche del sábado y el incendio es incontrolable, el viento ha virado de la manera más inoportuna ha calcinado más de doce mil hectáreas de pinar y monte bajo, el daño ecológico es incalculable.

Tan difícil es comprender que un incendio no entiende de fronteras de Comunidades Autónomas y que un país tan pequeño como España, que se cruza en coche en diez horas, necesita un organismo centralizado para combatir los incendios forestales, que tenga capacidad decisoria sobre los recursos (hombres, máquinas e hidroaviones) y las manos libres para poder ser operativo.

El Estado de las Autonomías es un ente artificial y artificioso, costosísimo de mantener cada año. ¡Diecisiete Gobiernos para tan poca tierra!… Baste pensar que si trasladásemos a EEUU el modelo autonómico español, atendiendo a la extensión de ambos países, EEUU contaría con 330 Comunidades Autónomas. Comparaciones como esta demuestran que el Estado de las Autonomías es un invento indecente de la clase política, una banda que en vez de conformarse con repartirse la tarta de un único gobierno del país, se inventa el cuento chino de poner en marcha diecisiete gobiernos, para que sobre trabajo y no falten sillones donde sentar a los más ineptos del país.

Lo sensato es reconducir el disparate actual de diecisiete Consejeros de Medio Ambiente, dar marcha atrás, reconocer que lo estamos haciendo mal y que la solución está en restituir al Estado competencias tan trascendentales como la protección del Medio Ambiente y, este caso concreto, poner en marcha un mando unificado en la lucha contra los incendios forestales.

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